Nos enfrentamos a un cambio sin precedentes en el ámbito socio-económico provocado por nuevos desafíos en sus dimensiones humana, tecnológica o medioambiental. Este cambio afecta de manera directa a la conformación social distinguiéndose por el surgimiento de un nuevo modelo de ciudadanía caracterizado por su heterogeneidad, nivel exigencia, preparación y utilización de las tecnologías. Frente a ello nos encontramos con una política y Administración diseñadas para afrontar los desafíos del siglo pasado, muy diferentes de los actuales.
La consecuencia inmediata es la necesidad de cambios en la forma de hacer política y Administración que provoquen un acercamiento entre los ciudadanos y sus instancias representativas. Cambios que van más allá de la simple aplicación de determinadas tecnologías, afectando sin embargo a la forma de valorar y relacionarse con dicha sociedad. Cambios que, además, deben coexistir con la realidad presencial de una ciudadanía que mantiene todavía un marcado perfil analógico, y con los esquemas burocráticos que marcan el funcionamiento de la realidad administrativa.
La introducción de paradigmas como Gobierno abierto o Administración abierta basados en las herramientas de la web 2.0 suponen nuevas pautas para la actividad pública, que deben encajar y coexistir amablemente con la realidad del ecosistema político-administrativo. Para ello, hay que asumir que el cambio debe ser gradual, ganando apoyos y masa crítica, que no toda la actividad pública es fácilmente encajable en este nuevo modelo y que será preciso llevar a cabo estrategias claras a corto, medio, largo plazo que supongan valorar adecuadamente la dimensión de nuevos canales, centrarse en la transformación de servicios de utilidad real e incidir en la motivación y formación de empleados públicos.