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Implicaciones del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

El pasado 2 de agosto el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que fijará, cuando se apruebe de forma definitiva y sea tramitada en el Parlamento, el marco legal desde el que se desarrollará el ejercicio de las profesiones y en concreto la de ingeniero, así como la normativa por la que se regirán, a partir de entonces, los colegios profesionales como corporaciones de derecho público.

El reducido espacio de esta carta no permite entrar en todos los detalles del texto y en todas las observaciones que hemos hecho al mismo a través de nuestras alegaciones en el trámite de audiencia, alegaciones que están alineadas con las del resto de colegios de ingenieros y con la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) entre otros. Pero sí deseo realizar un breve resumen de los puntos fundamentales del texto normativo.

Hay muchas dudas por parte de todos los colegios sobre la oportunidad y necesidad de sacar esta Ley en este momento y hay también mucha incredulidad sobre que tenga los efectos económicos que el gobierno está planteando. Lo que sí está claro, por parte de todos, es que esta Ley recorta la independencia de los colegios y ello repercutirá sin duda en la autorregulación de los profesionales a través de sus colegios y dificultará ejercer en forma adecuada sus funciones, que vienen definidas en la propia Ley, como la representación, ordenación y control deontológico de la profesión.

Dicho lo anterior y considerando que hay voluntad política de sacar adelante la Ley, nos fijamos ahora en la siguiente cuestión: quién debe colegiarse en los colegios de ingenieros. El texto del Anteproyecto propone que, de forma obligatoria, sólo aquellos que hagan proyectos que estén sujetos a visados conforme al RD 1000/2010. En las recientes conversaciones con la dirección general de Política Económica, hemos avanzado en algo que tenga más sentido y hay una cierta voluntad de acuerdo en establecer criterios de obligatoriedad y voluntariedad que nos llevarían a una situación no muy dispar de la que tenemos actualmente. Por tanto y a falta de llegar y conocer el texto final, parece que el Anteproyecto ha quedado obsoleto en este punto.

Un segundo aspecto muy importante es el que hace referencia a la revisión de las reservas de actividad en el ámbito de la ingeniería y que el Anteproyecto somete a un grupo de trabajo del que surgirán las propuestas que se elevarán a otras instancias. Este grupo de trabajo deberá analizar las reservas horizontales entre las diferentes ramas de ingenieros, las verticales con la ingeniería técnica, así como en relación a otras profesiones que se mueven en nuestro ámbito. Desde el Ministerio de Economía se anima a que seamos las propias organizaciones profesionales las que avancemos en este proceso y lleguemos a acuerdos entre nosotros que elevemos al grupo de trabajo.

Destacan otros dos aspectos de interés para todos los ingenieros, el primero relacionado con la obligatoriedad de la contratación del seguro de responsabilidad civil profesional para poder ejercer la profesión, tal y como figura en el texto propuesto y que, según nuestras últimas noticias, es posible que se elimine la obligatoriedad y se sustituya por que sean los colegios los que informen a los ciudadanos, a través del registro de colegiados de sus ventanillas únicas, sobre quien dispone de seguro y que los usuarios, con conocimiento de causa, decidan a quien contratar. El segundo tema tiene que ver con la acreditación profesional y la obligatoriedad de los colegios de desarrollar y ofrecer este servicio a sus colegiados. El texto también parece que evolucionará favorablemente, abriendo la posibilidad de establecer acuerdos entre varias organizaciones profesionales y desarrollar estas iniciativas de manera conjunta, haciéndolo más viable desde el punto de vista económico y operativo.

Desde organizaciones profesionales como la nuestra, ofrecemos el máximo diálogo a los gobernantes y sólo pedimos que se nos permita seguir aportando valor a nuestros colegiados, seguridad y calidad para los usuarios de sus servicios, transparencia y colaboración con las administraciones públicas para, en definitiva, seguir siendo útiles para todos ellos, eso sí con un modelo económico sostenible como el que nos ha permitido desarrollarnos hasta la fecha para seguir generando valor. Es por ello que aunque no forme parte de esta Ley, solicitamos al gobierno que revise el RD 1000/2010 de visados de proyectos para ampliar los supuestos que en él se contemplan.

A todos nuestros colegiados os pedimos vuestra confianza en la Junta de Gobierno del Colegio para contar, en todo el proceso de adaptación que nos toca llevar a cabo, con vuestra colaboración y apoyo a través de la pertenencia y participación en nuestras instituciones, así como, desde aquí, os animamos a que todos aquellos que tengáis la oportunidad de firmar proyectos o dirigir obras, las viséis en nuestro colegio y con ello contribuyáis a su sostenimiento económico y al mantenimiento de su oferta de actividades y servicios.

Os mantendremos informados sobre la evolución de la gestación de la ley, y en el momento procedente os facilitaremos un detallado análisis de su contenido y alcance.

Como siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración que deseéis.

Un fuerte abrazo

Román Escudero Gallego
Presidente/Decano

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